Las acampadas en las plazas y las manifestaciones multitudinarias que estamos viendo en nuestras ciudades no son una protesta aislada por la subida del alquiler. Si bien el caso de Mari Carmen ha supuesto un punto de inflexión, la situación actual es el reflejo del agotamiento de un modelo que ya no da más de sí y que asfixia cada día a millones de ciudadanos.
Durante años hemos aceptado que la vivienda se trate como un producto financiero de rentabilidad y como una mera extensión del negocio turístico, arrastrando a miles de ciudadanos a una situación límite. Cuando una persona tiene que destinar entre el 50% y el 70% de su sueldo a pagar un techo (o muchas veces un zulo con una cama), superando de largo el 30% máximo que recomiendan los organismos internacionales, lo que se impide no es solo el poder disfrutar de los mal llamados gastos hormigas (porque esos gastos que engloban desde un café con un amiga, poder disfrutar de un día de cine, entre muchos otros gastos que hacen que la vida merezca ser disfrutada), se bloquea y se imposibilita el poder desarrollar un proyecto de vida en la actualidad y en el futuro.
En el marco político y a veces en el debate público se escucha a menudo el argumento del miedo para frenar cualquier cambio, mezclando deliberadamente conceptos que no son lo mismo. Es indispensable diferenciar entre propiedad personal y propiedad privada. La propiedad personal hace referencia a los bienes destinados al uso, disfrute y bienestar directo del individuo (como la vivienda habitual o ese pequeño ahorro fruto del trabajo), un derecho protegido que garantiza el desarrollo de la vida. Por el contrario, la propiedad privadaaplicada de forma masiva a la vivienda la convierte en un mero activo financiero de explotación extractiva. Aunque nuestra Constitución establece en su Artículo 33.2 que la propiedad debe estar subordinada al interés general a través de su función social, cuando se prioriza únicamente el rendimiento económico se desvirtúa este mandato constitucional, transformando un derecho básico en un bien de especulación inalcanzable. Sin entrar aquí a agitar la sombra de la «ocupación», como objetivo sin duda político y de impulsor de miedo social destinado sin duda a que el pequeño ahorrador tenga miedo de que ocupen su vivienda, desviando la atención del verdadero problema de la especulación en la vivienda, ya que la inmensa mayoría de los litigios sobre inmuebles vacíos corresponden a grandes fondos de inversión, entes bancarios y otros gestores de bienes inmuebles.
Frente a lo que parecen actualmente las únicas opciones en un mercado de vivienda inaccesible de «o compras con hipoteca a 30 años o alquilas a precios inasumibles», existen fórmulas de economía social consolidadas en algunos países de Europa que garantizan estabilidad sin especulación. Para que estas opciones sean una realidad al alcance de cualquiera, las administraciones tienen que dejar de ser meras intermediarias y actuar como verdaderas garantes del suelo público. Esto, unido a un control real sobre la proliferación de las viviendas de uso turístico, es lo que permite frenar la expulsión de los vecinos de sus barrios.
Para finalizar, debemos comprender que disponer de una vivienda digna no es un simple trámite residencial ni un bien material más: es el espacio personal donde se desarrolla la vida íntima, la identidad, la salud mental y la seguridad emocional de cualquier ser humano. Sin un acceso a una vivienda, resulta imposible independizarse, decidir la forma que cada uno desea vivir, si formar una familia o no, si poder separse de su pareja o miles de situaciones diferente o incluso de planificar el futuro. Garantizar la vivienda como un derecho esencial no es un lujo ni una pretensión inalcanzable, sino la condición indispensable para que cada persona pueda tomar las riendas de su propia vida y desarrollar, en libertad, con independencia y dignidad, su verdadero proyecto de vida.
Equipo Técnico ADICAE CASTILLA Y LEÓN
